El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos concedió un amparo a la ginecóloga Sharon De Uriarte, autorizándola a practicar abortos voluntarios sin que ella ni sus pacientes enfrenten cargos penales. Esta resolución judicial, bajo el expediente 599/2024, se suma a dos fallos anteriores que declaran inconstitucionales los artículos del Código Penal de Morelos que sancionan la interrupción voluntaria del embarazo.
Aunque el efecto del amparo aplica exclusivamente a la doctora De Uriarte, el fallo representa un precedente importante en la lucha por los derechos reproductivos en el estado. Colectivos feministas y defensoras de derechos humanos consideran que este tipo de decisiones confirman que criminalizar el aborto vulnera derechos fundamentales y perpetúa la estigmatización de las mujeres y personas gestantes.
Durante una rueda de prensa organizada por la Campaña Aborto Legal Morelos, activistas celebraron este nuevo logro judicial. Recordaron que ya son tres los amparos ganados en Morelos, impulsados por personas gestantes, médicas y organizaciones sociales. El llamado fue claro: instaron al Congreso local a avanzar en la despenalización del aborto, afirmando que el argumento de la falta de consenso político ya no puede usarse como excusa para no legislar en favor de los derechos humanos.
Las organizaciones involucradas —entre ellas la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y AbortistasMx— reafirmaron que seguirán utilizando herramientas jurídicas y estrategias sociales para ampliar el acceso seguro y legal a los servicios de interrupción del embarazo en Morelos.
Asimismo, advirtieron que mientras las leyes estatales no se armonicen con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continuarán promoviendo amparos individuales y colectivos que protejan tanto a las personas usuarias como al personal médico.
Este caso fortalece la jurisprudencia a favor del aborto legal y subraya que el acceso a servicios de salud reproductiva es un derecho que debe ser garantizado por el Estado.
